Confundido?

En teoría, en cualquier relación existente, se establecen parámetros y condiciones que hacen que esa relación perdure en el tiempo. Estas condiciones pueden ser tacitas o bien se pueden dejar por escrito e indistintamente estas mantienen el equilibrio en la relación, situación que beneficia a ambas partes. Si las condiciones representan cabalmente a todos los actores, entonces no debiese existir conflicto al momento de tomar decisiones, lo cual es el ideal, sin embargo está claro que alcanzar este ideal es, en la práctica, utópico, pero mientras nos mantengamos cerca, o por lo menos en la dirección, de ese ideal, será esa entonces la mejor vía de acción.Es inevitable que las condiciones y parámetros mencionados, no se vayan modificando a través del tiempo de acuerdo a las necesidades de las partes involucradas, se podría decir que es una adaptación natural de la relación. Cuando no se presenta esta adaptación significa entonces que las condiciones no representan a una de las partes o bien una de las partes no respeta las condiciones establecidas, independiente de los motivos. Se genera conflicto.

Se da actualmente en nuestro país, una situación que por lo bajo, llama la atención. Se trata de la relación entre la comunidad y el empresariado, con el estado como intermediario y ente regulador.

Es fácil reconocer durante la última década la cantidad de conflictos que se han generado debido al rechazo de la comunidad frente a la implementación de variados proyectos.

Esto llama la atención, tomando como premisa lo anteriormente mencionado, porque de acuerdo a las condiciones y parámetros establecidos no debiese existir conflicto, ya que en teoría las leyes representan a la comunidad y el empresariado tiene el deber de cumplir las leyes. Entonces, porque hay conflicto?. Yo diría en este caso, con bastante seguridad, que las condiciones, es decir las leyes, no representan a la comunidad.

Que más próximo el ejemplo, que el caso de Punta de Choros, donde el empresario “cumple con la ley”, pero la comunidad se manifiesta igualmente en contra, hasta el punto que, en un acto inédito, el presidente, casi desautorizando la labor de sus propios funcionarios, dice NO al proyecto.

Si bien el enfrentamiento entre comunidad y empresas me resulta extraño por lo ya mencionado, el actuar del presidente y el gobierno en general me tiene, por decir lo menos, confundido.

Que pasa de aquí en adelante?, las leyes no representan a la comunidad, las empresas pueden presentar proyectos que son una aberración en cuanto al impacto que generan, no solo ambiental si no social, la autoridad en la que confiamos para velar por el bienestar ambiental y social, aprueban estos proyectos mega contaminantes, y finalmente el presidente tiene el poder y la facultad de echar por el suelo los procesos de evaluación que involucran a las leyes que supuestamente representan a la comunidad, y a los funcionarios designados por el propio gobierno para evaluar los impactos y aplicar estas leyes.

Como no se va a generar conflicto entonces me pregunto yo. De hecho, ya es un conflicto en si mismo poner en el papel la situación.

Como podemos tomarnos la situación actual, como podemos digerir la señal que entrega ahora el presidente. Es esto un show para alcanzar popularidad?, hay una verdadera vocación de parte del presidente por proteger el medio ambiente?, como lo toman los empresarios y grandes inversionistas, indistintamente del área productiva, que pueden embarcarse en un proceso de evaluación que es costosísimo, para que aun siendo aprobado, pueda ser desistido por la decisión de una sola persona. Creo que ya estoy un poco más que confundido.

Resulta entonces que el conflicto llega a niveles insospechados, ya que la incertidumbre respecto de las condiciones de esta relación alcanza a ambas partes, incluso al mediador, es decir el gobierno y el presidente. Ojala estén a la altura del desafio.